Intervención de lineas telefónicas, por Murray Rothbard

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La intervención de las líneas telefónicas es una despreciable invasión de la privacidad y de la propiedad privada, y como tal debería ser prohibida. Pocas personas tolerarían la intervención privada de una línea telefónica. El problema se plantea con los que sostienen que la policía debería estar autorizada a intervenir las líneas de aquellos de quienes se sospecha que realizan actividades delictivas. De otro modo, ¿cómo se podría atrapar a los criminales?

En primer lugar, desde el punto de vista práctico, la intervención telefónica rara vez es eficaz en crímenes aislados, como el robo de un banco. Por lo general se la utiliza en aquellos casos en los cuales el “negocio” está establecido sobre una base regular y continua -como el tráfico de drogas y el juego-, y por ende es vulnerable al espionaje y a la colocación de micrófonos ocultos. Segundo, seguimos afirmando que es criminal en sí mismo invadir la propiedad de cualquiera que no haya sido declarado culpable de un delito. Es muy posible, por ejemplo, que si el gobierno empleara una fuerza de espionaje compuesta por diez millones de hombres para espiar e intervenir las líneas de toda la población, se redujera la cantidad total de crímenes privados -tal como ocurriría si todos los residentes de un gueto o todos los varones adolescentes fueran encarcelados-. Pero ¿qué sería esto en comparación con el crimen masivo que cometería en ese caso el propio gobierno, sin escrúpulos y amparándose en la ley?

       Se podría hacer una concesión especial en el caso de la intervención telefónica realizada por la policía, pero ésta difícilmente la consideraría aceptable. Por ejemplo, considerar correcto invadir la propiedad de un ladrón que ha invadido numerosas propiedades de otros. Supongamos que la policía determina que John Jones es un ladrón de joyas. Interviene su línea telefónica y utiliza la evidencia obtenida para condenarlo por ese delito. Podríamos decir que esta intervención es legítima y que debería quedar impune, siempre y cuando Jones sea realmente el ladrón; si prueba que no lo es, la policía y los jueces que ordenaron judicial- mente la intervención deben ser declarados criminales y enviados a prisión por el delito de intervención telefónica injusta.

Esta reforma tendría dos felices consecuencias: ningún policía o juez participaría en una intervención telefónica salvo que estuviera absolutamente seguro de que la víctima es realmente un criminal; y ambos, la policía y los jueces, queda- rían por fin, como todos los demás ciudadanos, sometidos a la regla del derecho penal. Sin duda, para que todos gocen de la misma libertad, la ley debe aplicarse sin excepciones; por lo tanto, cualquier invasión de la propiedad de alguien que no es criminal, por parte de cualquiera, debería considerarse un acto ilegal, independientemente de quién lo haya realizado. El policía que cometió un error y agredió a un inocente debería ser considerado tan culpable como cualquiera que interviniera privadamente una línea telefónica.

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